Morelia, Michoacán.- A un año de la detención de los funcionarios michoacanos detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, Silvano Aureoles vicecoordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD en el Senado de la República, señaló que el país está ante un reto muy grave, un hecho de descomposición que preocupa sobremanera, al referirse a las figuras jurídicas del arraigo y testigos protegidos.
Lo anterior durante el Foro “La protección de los Derechos Humanos de la ciudadanía ante el combate a la delincuencia organizada” que se llevó acabo ante la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva; el secretario de gobierno, Fidel Calderón Torreblanca; el diputado federal y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rubén Moreira; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano; Rafael Ortiz Govea, presidente sustituto del Supremo Tribunal de Justicia del estado; el diputado local, Humberto Quintana Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
Silvano Aureoles declaró que “fue muy lamentable, un atropello a la ley la detención de los funcionarios michoacanos, se trató de una amarga experiencia que aún nos queda poco clara su instrumentación; algo totalmente equivocado de parte de quien la haya planeado”.
Comentó que se espera que los aun detenidos recobren su libertad, así mismo hizo referencia a la detención del candidato a la gubernatura en el estado de Quintana Roo, Gregorio Greg Sánchez Martínez, “hoy estamos ante otro hecho similar, yo no digo que sea inocente, pero se me hace muy raro que se detenga a un candidato en una jornada electoral”.
Abundó que siempre se ha apostado por la legalidad y el Estado de Derecho, “hemos apoyado, desde nuestra responsabilidad, el combate a la inseguridad y al crimen organizado, con la reforma penal, el Congreso de la Unión elevó a rango constitucional figuras como el arraigo para evitar que en el transcurso de una investigación un presunto delincuente se sustraiga de la acción de la justicia, pero ahora esta herramienta, creada para luchar contra los delincuentes más peligrosos, se ha convertido en un ariete electoral por parte del Ejecutivo Federal”.
Finalmente, Aureoles Conejo indicó que el Ejecutivo Federal, se siente arropado por la legitimidad que otorga la lucha en contra del narcotráfico, pero descuida el tema de los derechos humanos y minimiza las relaciones de coordinación entre los órdenes de gobierno, fomentando el autoritarismo y el abuso de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
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